Profesión en peligro

Fiscalía especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión

La Fiscalía especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión (FEADLE) es la instancia adscrita a la Procuraduría General de la República para investigar los delitos cometidos en contra la libertad de expresión. Esta instancia sustituyó, desde el 5 de julio de 2010, a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP), creada en 2006, también bajo la tutela de la PGR.

Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas surgió el 15 de febrero de 2006 por acuerdo del Procurador General de la República. En este Acuerdo se hace competente a la FEADP para dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso, la persecución de los delitos cometidos contra periodistas nacionales o extranjeros dentro del territorio nacional, perpetrados con motivo de su ejercicio profesional. Asimismo, se estableció que el titular de la FEADP será designado y removido por el Procurador General de la República mediante oficio teniendo como facultades para el ejercicio de sus funciones las siguientes:

  1. Ejercer las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
  2. Ejercer la facultad de atracción de los delitos del orden común en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;
  3. Coordinar a los agentes del Ministerio Público de la Federación designados para investigar y perseguir los delitos contra periodistas;
  4. Realizar la sistematización de la información contenida en las averiguaciones previas y procesos a su cargo en coordinación con el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, dependiente de la Procuraduría;
  5. Coordinarse con las unidades administrativas u órganos desconcentrados que procedan, para brindar a las víctimas u ofendidos en los asuntos de su competencia, las garantías que en su favor otorga el artículo 20, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
  6. Coordinarse con las Procuradurías de las entidades federativas y del Distrito Federal;
  7. Establecer mecanismos de coordinación y de interrelación con otras áreas de la Procuraduría;
  8. Promover una cultura de prevención del delito y de respeto y difusión de los derechos humanos, en particular los relacionados con la libertad de expresión y el derecho a la información;
  9. Dar seguimiento a las acciones de la Procuraduría relacionadas con la protección al ejercicio del periodismo e informar de ello al Procurador y a las asociaciones profesionales internacionales y nacionales de periodistas, y
  10. Las demás que le encomiende el Procurador y el Subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad.

De igual forma en el acuerdo se estableció la misión y los objetivos de la FEADP.

Misión

“La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, representa a la sociedad mexicana en la investigación y persecución de todas aquellas conductas probablemente delictivas, cometidas en contra de periodistas, que tengan como propósito impedir el libre ejercicio de su actividad profesional, de mantener bien informada a la sociedad, con estricto apego a los principios de legalidad, certeza, seguridad jurídica, y absoluto respeto a los derechos humanos, conservando el Estado de Derecho.”

Objetivos

Titulares de la FEADP

David Vega Vera.

No resolvió ningún caso de 108 averiguaciones previas.

Luis Martínez Fernández del Campo

Octavio Alberto Orellana Wiarco

Su mayor contribución fue convocar a las organizaciones de periodistas y editores para promover una iniciativa con el fin de federalizar los delitos contra los trabajadores de los medios, que fue aprobada por los diputados con apenas 263 votos en abril de 2009, pero que sigue atorada en el Senado.

La iniciativa propone que quien cometa un hecho ilícito con el propósito de impedir, interferir, limitar o atentar contra la actividad periodística, se le impondrá prisión de uno a cinco años y de 100 a 500 días multa. También dice que se aumentará hasta en una mitad la pena señalada en el párrafo anterior cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.

La PGR omite los motivos por los cuales deja el cargo.

Gustavo Salas Chávez (actualmente)